Articulado. Independencia de medios,
asignación de frecuencias por concurso, códigos éticos y la figura del
ombudsman
Treinta organizaciones de la sociedad civil conforman la Coalición por una Comunicación Democrática, que presentará hoy 16 principios que buscan integrar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Incluyen limitaciones en la concentración de los medios y la promoción de la producción nacional e independiente, entre otros puntos.
La Coalición por una Comunicación Democrática, integrada por 30 organizaciones de la sociedad civil, presentará hoy los 16 principios para una comunicación democrática que, a su juicio, deben ser incorporados a la futura Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El evento será en la sala Acuña de Figueroa del Edificio de las Comisiones del Poder Legislativo, a la hora 11.00.
Los cometidos de la coalición son que “los ciudadanos puedan opinar y participar del proceso de democratización del espacio que ocupan los medios de comunicación”, en busca de “más derechos, más diversidad y más democracia”. Para ello, se basan en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reza: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
LOS 16 PRINCIPIOS
1. El primero de estos principios es el “Respeto a los derechos humanos”. “Cualquier iniciativa de democratización de los medios de comunicación debe guiarse por el respeto a los derechos humanos”, para “garantizar y promover la libertad de expresión, el derecho de acceder y de emitir información, y el derecho de acceder y de producir cultura” para “todos los ciudadanos sin exclusión”.
2. Además, proponen el “Rol democratizador del Estado”, que “protagoniza la implementación de políticas públicas para una comunicación democrática pero se mantiene al margen de cualquier intención de establecer modelos, de determinar qué información puede o no hacerse pública”. Aclaran que “el Estado no tendrá potestad de imponer ningún tipo de censura, como tampoco lo tendrá ningún grupo humano o económico”.
3. Según la coalición, “el espectro radioeléctrico (que hace posible las comunicaciones de radio y televisión) es un bien público”, tal como establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado de las Naciones Unidas. “Por lo tanto (…) las ondas electromagnéticas que surcan la atmósfera son de todos y de nadie, el Estado sólo arbitra”, afirman.
4. Como cuarto punto, piden la “Convivencia equitativa de tres tipos de medios de comunicación”, entre los que incluyen los comerciales, los públicos y los comunitarios.
5. Asimismo, reclamarán “Autoridades con autonomía del poder político y los gobiernos”, que garanticen “estabilidad, competencia e imparcialidad a la hora de administrar”, para “intermediar entre los derechos ciudadanos y los medios de comunicación”.
6. La coalición considera indispensable la “Independencia de los medios y de los trabajadores”, para desempeñarse con libertad y “a salvo de cualquier intento de presión de organismo público o privado alguno”.
7. En séptimo lugar, solicitan “Diversidad y pluralidad”, ya que “una comunicación democrática promueve y asegura el acceso a los medios a los más diversos grupos sociales que conforman la sociedad”, “fomenta la equidad entre hombres y mujeres, el respeto a las diferencias étnicas y religiosas, y a las opciones sexuales”.
8. En la lista también se incluye la “Protección e integración de los más vulnerables”, en particular para las minorías, las personas con discapacidad y los niños, niñas y adolescentes.
9. Asimismo, se pide “Participación y control ciudadano” para certificar “que se cumplan las orientaciones y metas que la sociedad estableció en la asignación y explotación de las frecuencias”.
10. Proponen, como décimo punto, la creación de la figura del “Ombudsman o defensoría de las audiencias” para recoger y canalizar “las preocupaciones de los telespectadores y radioescuchas ante los excesos de los medios sometidos exclusivamente a criterios de mercado, y también frente a los abusos de los poderes públicos”.
11. En el mismo sentido, reclaman “Códigos de ética e información a la vista del ciudadano”, ya que “la autorregulación supone una vía para que los medios de comunicación, periodistas y empresarios ejerzan su libertad de expresión con responsabilidad”. Los medios “deberán poner a disposición del público información sobre la línea editorial y orientación del medio, el manual de ética periodística y publicitaria, e información acerca de la empresa, sus propietarios y sus trabajadores”, añaden.
12. La Coalición también impulsa la “Asignación de frecuencias de radio y televisión por concurso”. En este sentido, consideran que “deben establecerse plazos para la explotación de las frecuencias asignadas por parte de los particulares, terminado el cual se vuelva a licitar la frecuencia”.
13. Precisamente, también consideran necesario poner “Límites a la concentración de la propiedad”, ya que “la concentración de la propiedad de los medios”, en su opinión, “coloca en riesgo a la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información, y supone limitaciones a la diversidad y el pluralismo”.
14. También se establecen “Límites a la titularidad de frecuencias”, lo que implica que “no podrán ser titulares de frecuencias de radio y televisión personas que ocupen cargos en los poderes ejecutivo y legislativo, nacional y departamental, integrantes de las Fuerzas Armadas” o “comprobados violadores de los derechos humanos por causas judiciales”.
15. El penúltimo punto propuesto consiste en la “Promoción de la producción nacional, local e independiente”.
16. Finalmente, la Coalición considera que se debe asegurar “Medios de comunicación públicos, independientes del gobierno”. Consideran que no son “del Estado o de los gobiernos”, por lo que “deben situarse en la órbita del derecho público, con estatutos que le aseguren financiación sustentable y regida a partir de organismos independientes del gobierno”. Además, deben llegar a todos los habitantes del territorio.
